La Constitución Española de 1931 marcó un hito en el constitucionalismo español al ser la primera en reconocer y garantizar derechos sociales como el de asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de una “existencia digna” mediante protección en casos de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte.